Palabras de Humberto García Larralde

(vocativo)

 Quiero, en primer lugar, agradecer a mis colegas, Individuos de Número, por el gran honor que representa haberme elegido presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas para el período 2016-2018. No deja de ser sobrecogedor para mi, con poco tiempo en el cuerpo, presidir un organismo que reúne a académicos de la economía de gran prestigio y larga trayectoria, algunos, apreciados profesores míos en la ilustre Universidad Central de Venezuela. Adicionalmente, quiero agradecer la disposición de distinguidos colegas de fecunda labor en el campo de las ciencias económicas en acompañarme en el equipo directivo de la Academia durante este período: La Dra. Pola de Ortiz en la Vicepresidencia; el Dr. Eduardo Ortiz Felipe como Tesorero; y la Dra. Sary Levy como Secretaria. A cada uno, mi reconocimiento y sincera gratitud. Por último, mi reconocimiento por la sobria conducción del Dr. Luis Mata Mollejas y de su equipo, de los asuntos de la Academia durante el período que concluye.

 

Pero no sólo es un honor presidir la Academia Nacional de Ciencias Económicas. En estos momentos representa un compromiso que, para los científicos sociales, tiene una enorme significación. La economía venezolana sufre actualmente el peor descalabro del que se tenga registro, a pesar de los ingentes recursos percibidos por la exportación petrolera en los últimos diez años, con terribles consecuencias para la vasta mayoría de la población residente. Se evidencia en las enormes colas que a diario se alinean frente a Supermercados y farmacias. Gente resignada a perder horas enteras con la eventualidad –incierta- de conseguir alimentos, pañales y otros productos que antes eran adquiridos en completa normalidad. También es el terrible drama de aquellos que se ven obligados a acudir infructuosamente a farmacia tras farmacia en procura de medicamentos que no consiguen, que podrían salvarles la vida. Para mayor desgracia, las cifras oficiales y, más aún, las extraoficiales, registran un incremento en el costo de la vida mucho mayor que en cualquier otro país del mundo y muy superior a los incrementos salariales decretados. La inflación en Venezuela es hoy más alta que en cualquier otro momento de su historia.

 

Más allá de los contratiempos personales se asoma la evidencia de numerosas empresas paradas o trabajando a media máquina por no disponer de insumos, repuestos y/o equipos, o por no poder cubrir sus costos con las regulaciones y controles de precio a que han sido sometidas. En consecuencia, mengua la productividad y por ende, los salarios, y aumenta el desempleo. El resultado de todo lo anterior no podía ser sino el incremento de la pobreza, como lo recoge la encuesta sobre condiciones de vida de los venezolanos, ENCOVI, realizada en 2015 por las universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar y Católica Andrés Bello, que registró un 73% de la población en situación de pobreza por ingreso. Esto podrá avanzar rápidamente hacia estadios de verdadera hambruna en algunos segmentos de la población, si no se atajan las causas de tal descalabro.

 

La responsabilidad de la Academia en emitir su opinión sobre estos hechos no sólo se deriva de la vocación profesional, la sensibilidad humana o el compromiso ciudadano de quienes ocupamos sus sillones. Es un mandato de Ley. El numeral 2 del artículo segundo de la LEY DE LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS señala entre sus objetivos, “Prestar su cooperación en la elaboración de los lineamientos de la Estrategia de Desarrollo Económico y Social y del Plan de la Nación”. En el numeral 4 este mandato se amplía para …”Tomar iniciativas y hacer saber su opinión razonada en la elaboración de proyectos de leyes en materia económica, así como en todo asunto de interés público que directa o indirectamente concierna a las Ciencias Económicas”. De manera que desde la Academia estamos obligados a opinar y a proponer soluciones a los graves problemas económicos que aquejan al país, como lo hicimos en el pronunciamiento de noviembre pasado y se ha venido haciendo con regularidad a lo largo de los años.

 

Pero el análisis económico y la profesión de propuestas de política ante los problemas nacionales requieren de datos confiables sobre la realidad del país. Es muy censurable que el Banco Central de Venezuela se haya negado a publicar, durante largos períodos, la información pormenorizada sobre el comportamiento de distintas variables económicas, como es su deber. Mantener a la población venezolana en ascuas acerca de la conducción de la economía no sólo dificulta la labor profesional del economista; disuade el financiamiento internacional que tanto necesita el país en estos momentos; niega la información fidedigna con la que empresarios, trabajadores y consumidores, puedan tomar decisiones acertadas; y, al esconder las dimensiones y el perfil de la crisis, arroja al venezolano de a pie a entregarse angustiado a rumores sobre su suerte. Esperemos que la reciente publicación de algunas de las cifras largamente esperadas, signifique el fin de tan funesta práctica. Lamentablemente, la anterior Asamblea Nacional, justo antes de que feneciera su período, reformó la Ley del Banco Central de Venezuela buscando otorgar piso legal a esta violación de su deber constitucional, alegando situaciones de “amenaza a la Seguridad Nacional  -con mayúsculas en el original del artículo 40 reformado- y a la estabilidad económica de la Nación”, como excusa para no publicar las cifras. Este ocultamiento de información se une al desacato de los ministros de la economía por rendir cuentas a la Asamblea Nacional en ocasión del debate sobre el Decreto de Emergencia Económica, recién concluido. Es oportuno recordar que la Constitución en su artículo 141, señala:

 

“La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”.   (negritas mías, HGL)

 

El escamoteo de la realidad económica acarrea severos costos económicos y humanos. En democracia no es aceptable que servidores públicos oculten a los ciudadanos la información requerida para que éstos puedan apreciar las consecuencias de las decisiones tomadas y evaluar el desempeño de estos funcionarios en el cumplimiento de sus deberes frente a la Nación.

 

El desarrollo de la ciencia económica, puesto a prueba reiteradamente en las experiencias de incontables países a través del globo, concluye de manera fehaciente que mercados competidos y transparentes, en los que se conocen precios y calidad de lo que se transa, constituyen la forma más eficiente de satisfacer los requerimientos de la sociedad con los recursos y capacidades disponibles. Cualquier desajuste entre demanda y oferta de un bien o servicio habrá de expresarse en su precio, incentivando la concurrencia de nuevos oferentes si sube, o desplazando a aquellos menos eficientes en caso contrario. En competencia, el sistema de precios orienta a los consumidores hacia las mejores ofertas y señala oportunidades de negocio a los emprendedores. Además, presiona a cada firma a perfeccionar su oferta, so pena de que un competidor satisfaga mejor la demanda y la desplace del mercado. Esta dinámica incentiva la innovación, mejorando la calidad de los bienes y servicios producidos, disminuyendo sus costos y generando espacios para la inversión, el crecimiento y el empleo productivo.

 

Corresponde a los gobiernos estimular la competencia, promover la transparencia de los mercados, regular los monopolios naturales y forjar condiciones que promuevan la innovación y el cambio tecnológico. Deben procurar los equilibrios macroeconómicos que están en la base de la estabilidad de precios, del financiamiento competitivo y del intercambio provechoso con el extranjero. Asimismo, es menester un marco institucional que promueva la confianza y la iniciativa de inversionistas, productores y comerciantes. A la vez, el Estado debe producir los bienes públicos que requiere la sociedad, compensar las fallas de mercado ocasionadas por la presencia de externalidades y velar por la equidad y la justicia social –atendiendo, en particular, a los sectores más vulnerables de la población-, sin matar la gallina de los huevos de oro de la iniciativa privada.

 

Pero el gobierno nacional desde hace demasiado tiempo viene haciendo exactamente lo contrario. Obnubilado por nuestra condición de país petrolero y emborrachado con el alza de sus precios a niveles nunca vistos en el mercado internacional, se desentendió de los criterios de racionalidad propios de una economía de mercado y pensó en dispensar directamente los proventos de esta industria para apuntalar su particular proyecto político. El usufructo discrecional de estos recursos en la prosecución de estos fines requería abatir las instituciones que resguardan la seguridad jurídica de los agentes económicos, y que promueven la iniciativa privada y la eficiencia de los mercados. En su lugar se ha instrumentado un sistema de controles y regulaciones, y de acoso a los sectores productivo y comercial, que ha generado graves distorsiones en el quehacer económico. En particular, la fijación administrativa de precios sin tomar en cuenta los costos de producción, ha  hecho desaparecer númerosos ítems de los mercados, fomentando la emergencia de una vasta economía parasitaria de revendedores que logran ofertar tales productos por canales de comercialización informales, pero a precios varias veces superior. El caso más extremo es el de la gasolina, prácticamente regalada en el país, cuya reventa en el extranjero, en connivencia con funcionarios destacados para resguardar las fronteras, genera ganancias inimaginables.

 

El ocultamiento de información, y la ausencia de transparencia y de rendición de cuentas en la gestión pública, ha permitido que se enseñoree una conducta patrimonialista por parte de quienes controlan el poder, en el sentido de manejar la Res-pública –la cosa pública- como si fuera su patrimonio personal. La excesiva y discrecional intervención del Estado de los últimos años ha desatado una profusión de incentivos para lucrarse con la intermediación y reventa de productos regulados, comisiones en los contratos con el sector público, arbitrando entre distintas cotizaciones del dólar, extorsionando a empresarios con la amenaza de leyes punitivas, con el lavado de dineros mal habidos y en otros ilícitos. Puede afirmarse que la economía de controles lo que ha prohijado es corrupción, a expensas de la actividad productiva.

 

Por otro lado, bajo el amparo de ingresos extraordinarios por la venta de petróleo, se quebrantaron los principios de una sana conducción macroeconómica. Prácticas populistas y clientelares incrementaron el gasto público de manera desordenada e insostenible, revelándose déficits fiscales descomunales al no crecer el ingreso petrolero en igual proporción. Desde 2011, tales déficits se financian en buena medida con la emisión de dinero inorgánico por parte del Banco Central. Aunque ello lo prohíbe el artículo 320 de nuestra Carta Magna, se le ha querido dar visos de legalidad con la reforma de la Ley de Banco Central de diciembre pasado, antes aludida. Como consecuencia, la liquidez monetaria prácticamente se duplicó durante 2015: casi la mitad de este crecimiento vino de la “maquinita” del BCV. Tal desorden monetario ha llevado a un severo racionamiento de las divisas, que ha disparado el precio del dólar en el mercado paralelo a niveles más de 100 veces superior al tipo de cambio oficial. Todo ello impulsó la inflación por encima del 200% en el último año, empobreciendo brutalmente a la inmensa mayoría de venezolanos.

 

No hay excusa ni justificación alguna para que el Gobierno no reconozca los efectos desastrosos de estas políticas. El costo social y humano conllevado hace imperativa su rectificación. Ya basta de pretender comprar tiempo alegando conspiraciones o inventando una “guerra económica” para intentar evadir responsabilidades. No hay razones válidas para soslayar los cambios requeridos y corresponde al Ejecutivo Nacional asumirlas, como demanda un país expectante. En cumplimiento de su mandato legal, la Academia Nacional de Ciencias Económicas está presta a dar su opinión y a sugerir propuestas de política para superar el atolladero que hoy agobia a los venezolanos.

 

Es menester atajar de inmediato la cruel caída en los ingresos reales de la población. Para ello hay que neutralizar los factores que nutren la altísima inflación que hoy padece el país. Debe reducirse significativamente el déficit de la gestión pública, haciendo más eficiente la recaudación de ingresos –entre otras cosas, sincerando los precios de la gasolina y de otros bienes y servicios prestados por el Estado-, eliminar el gasto dispendioso y focalizarlo en las necesidades prioritarias, a la par que se prescinde del financiamiento monetario por parte del Banco Central. Ello es base de la unificación del tipo de cambio -en un mercado de libre transacción-, y la negociación del financiamiento internacional, sin el cual Venezuela no podrá cuadrar sus cuentas externas ni defender la paridad del bolívar. Honrar la deuda con los proveedores foráneos y los compromisos del servicio de la deuda financiera externa contribuirá, a su vez, con el restablecimiento de un clima de confianza para atraer a inversionistas extranjeros y propulsar la inversión local. La disponibilidad de insumos, maquinaria y repuestos importados, hecho posible por el libre acceso a las divisas, significará un paso gigantesco en la liberación de las fuerzas productivas del estrangulamiento a que han sido sometidas. Estas acciones deberán complementarse con el desmantelamiento del punitivo sistema de controles y restableciendo las seguridades jurídicas a la propiedad y a las transacciones comerciales, condiciones sine qua non para ampliar la oferta de bienes y servicios demandados, sustituir importaciones -ahorrando divisas-, y proveer empleo productivo bien remunerado.

 

El gobierno descubre ahora la importancia decisiva de incrementar la producción como vía para superar la crisis. Pero hay que decirle que este llamado no responde a simples deseos o exhortaciones; debe estimularse con políticas coherentes y creíbles, que den confianza.

 

Se trata, en definitiva, de la imperiosa necesidad de echar los fundamentos de una economía competitiva, capaz de asegurar procesos sostenidos de crecimiento y de mejora en el bienestar de los venezolanos a través del emprendimiento y el dominio tecnológico, de manera de trascender las perversiones del rentismo petrolero. El disparate de creer que se podía arrinconar sin mayores consecuencias el aparato productivo doméstico se pone hoy de manifiesto con la abrupta caída de los precios internacionales del crudo. Superar el rentismo implica instrumentar cambios institucionales profundos que requerirán de un liderazgo político capaz de generar los consensos necesarios para su instrumentación y sostenibilidad. La discusión e implantación de estos cambios es una agenda imprescindible para los próximos años. Las perspectivas de que se prolonguen los bajos precios internacionales del petróleo, así como los compromisos adquiridos por la mayoría de los países del mundo en la reciente Conferencia de París para reducir su dependencia de los combustibles fósiles que generan gases de invernadero, nos señalan de manera terminante que nuestro bienestar futuro no podrá recostarse sólo del petróleo.

 

En fin, enfrentar las realidades duras de la situación económica del país, nos guste o no nos guste, representa un imperativo vital en estos momentos. La Academia Nacional de Ciencias Económicas renueva su aspiración a continuar promoviendo el debate de los aspectos centrales del desarrollo y de las políticas requeridas para ello. Permítaseme concluir estas breves palabras recordando un exhorto de nuestro pronunciamiento sobre la situación del país de noviembre del año pasado:

 

“La Academia Nacional de Ciencias Económicas hace un llamado a las autoridades públicas, los partidos políticos, al sector empresarial, las universidades, los trabajadores y al público consumidor, a concertar los esfuerzos necesarios para producir un cambio fundamental en la conducción de los asuntos económicos y así poder superar la grave situación en que nos encontramos.”

 

Ya el pueblo se manifestó clara y contundentemente a favor del cambio en los comicios recientes del 6 de diciembre. Los factores políticos, económicos y sociales capaces de incidir en la toma de decisiones no pueden eludir este mandato. Corresponde al Ejecutivo, respetando la autonomía y competencias de la Asamblea Nacional recién electa, negociar los acuerdos y compromisos imprescindibles para superar el terrible drama que azota hoy a los venezolanos. Desde la Academia Nacional de Ciencias Económicas ofrecemos nuestro modesto aporte al éxito de las transformaciones requeridas.

 

Muchas gracias.

 

HGL, 24 01 2016

 

 

   
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