La ANCE FIJA POSICIÓN ANTE MEDIDAS ANUNCIADAS POR EL PRESIDENTE MADURO

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Academia de Ciencias Económicas fija posición ante las más recientes medidas económicas

 

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La ANCE ante las recientes medidas económicas

 

La Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE), alarmada por el sostenido deterioro en las condiciones de vida de los venezolanos, se siente en la obligación de dirigirse al país para reiterar preceptos básicos de la ciencia económica que ofrecen pautas para la superación de tan grave trance.

 

La actividad económica obedece a incentivos. Las empresas producen y/o comercializan bienes y servicios con la expectativa de obtener un beneficio que remunere adecuadamente su inversión y sus esfuerzos. Un obrero valora ser remunerado dignamente al cumplir con sus labores. El consumidor busca que el dinero que entrega en pago de bienes y servicios sea compensado con la calidad de éstos. El amparo de tales incentivos impulsa la economía hacia niveles crecientes de bienestar, como lo muestra la experiencia de numerosos países de desarrollo exitoso. Ello debe plasmarse en un marco institucional adecuado que genere un ambiente de abierta competencia, libre movilidad de los recursos productivos, transparencia y bajos costos en las transacciones a efectuarse, garantías jurídicas y estabilidad macroeconómica, en el que los precios y las remuneraciones premian el esfuerzo y la capacidad de innovar. Debe velarse, igualmente, porque la actividad económica redunde en objetivos deseados de justicia social y de protección ambiental.

 

Asegurar un marco institucional idóneo para superar la grave crisis económica debería ser la principal responsabilidad del actual gobierno. Lamentablemente, ha preferido continuar con las políticas económicas de su predecesor, Hugo Chávez, quien desmanteló las instituciones favorables a la economía de mercado y a las libertades individuales, confiscó empresas e instrumentó mecanismos de control y regulación, generando un ambiente de gran incertidumbre y de acoso al sector privado, que desincentivó sus actividades. Bajo la creencia de que el ingreso petrolero bastaba para alcanzar los propósitos del gobierno, se intervino el sistema de precios, sometiéndolo a consideraciones políticas. El reparto de la renta y otros recursos centralizados en manos del Ejecutivo liquidó los estímulos para aumentar la productividad, para el uso racional de los recursos como sostén de mayores niveles de consumo en el tiempo y para la adecuada remuneración al esfuerzo productivo. Se exacerbó así el intervencionismo y el tutelaje estatal que habían minado la estrategia de “sembrar el petróleo” de gobiernos anteriores.

 

El reforzamiento de reglas de juego no mercantiles, en un ambiente opaco en el que no se rinden cuentas sobre la aplicación de los recursos públicos, premia la discrecionalidad en la toma de decisiones a favor de intereses partidarios. Los precios regulados, divorciados de sus costos de producción y comercialización –incluyendo el incentivo de una ganancia adecuada-, la obligatoriedad de sacar permisos de todo tipo para distribuir productos y la amenaza de sanciones severas para las empresas que no cumpliesen, incentivó la búsqueda del lucro fácil para todo aquél que tuviera cómo intervenir en la aplicación de tales medidas. La brecha entre los precios de los bienes regulados y los de reventa que están dispuestos a pagar los consumidores, el aprovechamiento del diferencial cambiario para vender tales bienes en países vecinos y convertir los proventos al tipo de cambio paralelo, las increíbles fortunas que posibilitan tales prácticas en el caso de la gasolina, las oportunidades para extorsionar a productores y comerciantes que ofrecen las regulaciones punitivas a sus actividades, y la opacidad con que se efectúan muchas transacciones públicas, al margen del escrutinio de la Asamblea Nacional y de los medios de comunicación, han terminado por arrollar los baluartes morales que pudiesen evitar tales prácticas en distintas esferas del poder. Como era de esperar, se han creado poderosos intereses en torno a la permanencia de estos mecanismos de intervención y control. Constituyen la principal explicación de la resistencia del Ejecutivo a la rectificación de políticas  para poder superar las terribles penurias que sufren los venezolanos.

 

Los excesivos controles de precio en Venezuela se asocian a la inflación más alta del mundo, un desabastecimiento extendido, desempleo, un empobrecimiento acelerado y un aparato productivo en el suelo. Pero el gobierno pretende ocultar tan notoria evidencia inventando una supuesta “guerra económica” de factores internos y externos contra el pueblo para explicar sus carencias. Ello es recogido en el Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica que el Presidente se hizo aprobar contra la voluntad de la Asamblea Nacional[1]. Entre otras cosas, crea los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) para distribuir productos alimenticios regulados directamente a los hogares. En manos de organizaciones oficialistas, ha generado numerosas denuncias de discriminación política y de corrupción. Más allá este marco ha servido para entregarle poderes extraordinarios al Ministro de la Defensa, General Padrino López, como Jefe del Órgano Superior del Comando para el Abastecimiento Soberano y Seguro, mediante Decreto N° 2367. Enumera entre sus objetivos, el perseguir y neutralizar las “acciones desestabilizadoras” que se vienen ejecutando contra “el sistema agroproductivo e industrial”. Dispondrá de equipos técnicos de carácter cívico-militares que, entre sus atribuciones, podrán obligar a “sujetos de las cadenas productivas y de distribución” a vender a “determinadas empresas u otros entes estatales el porcentaje de su producción que sea necesario“, de conformidad con la Ley de Precios Justos (Art. 7). En este orden de ideas, la Resolución 9855 del Ministerio del Trabajo crea un “régimen laboral transitorio” que permitirá la conscripción de trabajadores de empresas públicas o privadas para “el reimpulso productivo del sector agroalimentario”, en violación de libertades individuales y garantías económicas básicas.

 

La Academia Nacional de Ciencias Económicas se siente obligada a manifestar que la economía no es un escenario de guerra que puede ser conducido con base en órdenes y controles, ni el grave desabastecimiento agroalimentario se reduce a un problema de logística militar. Políticas intervencionistas de este tipo han producido la deplorable situación que hoy padecemos, reiterando los desaciertos que han empobrecido a la población. Como afirmara una prominente figura política internacional, “cuando se está metido en un hueco, la salida no es cavando”.

 

Es perentorio generar condiciones que estimulen la iniciativa privada y, con ello, reactive el aparato productivo doméstico, que en muchos casos opera con apenas un 30 o un 35% de su capacidad. Ello requiere unificar y liberar el tipo de cambio, estabilizándolo en torno a sus valores de equilibrio, para que las empresas puedan importar los insumos, piezas y equipos que requieren para abastecer al país, sustituir importaciones (y con ello ahorrar divisas) y crear empleo productivo. Levantar los controles que hoy asfixian la economía y procurar el financiamiento externo tiene que ser una de las prioridades actuales del gobierno para avanzar con estos propósitos, así como sanear las cuentas fiscales para abatir la inflación y generar la confianza requerida para el cálculo económico de inversionistas, empresarios y consumidores. La adecuada instrumentación de estas medidas y la activa promoción de la competencia, de las seguridades jurídicas y de la transparencia en las transacciones, permitirán rebajar el precio –en algunos casos, sustancialmente- de muchos bienes que se importan con el dólar paralelo o que son revendidos a varias veces su precio regulado. Ello es imprescindible para que los salarios, en un ambiente que promueva la productividad, mejoren su poder adquisitivo.

 

Ante la severa crisis que afecta la vida de la inmensa mayoría de los venezolanos, no hay excusa para que un gobierno que alega defender los intereses del pueblo no promueva las reformas que incentiven la reactivación pronta de la economía. Venezuela cuenta con enormes potencialidades para solventar las penurias actuales. Como siempre ha reiterado en sus pronunciamientos públicos, la Academia Nacional de Ciencias Económicas se pone a la orden, conforme al artículo 2 de su Ley de creación, para contribuir a que estos cambios puedan producir los resultados deseados.

 

Humberto García Larralde                                 Sary Levy Carciente

 

Presidente                                                              Secretaria

 

[1] Gaceta Oficial Extraordinaria, 6.227, del 13/05/2016″